Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos de Puebla, ha solicitado una reunión privada en el penal de Ciudad Serdán con Tania N., una vieja conocida de sus tiempos en el PRI. La cita, que está prevista para el lunes 18 de mayo, ha llamado la atención por la relación de amistad que ambas mantuvieron cuando coincidieron en el partido tricolor, así como por el contexto legal que rodea a Tania N.
Tania N. fue suplente a la diputación local por el PRI en la última campaña electoral, acompañando a Delfina Pozos. Sin embargo, en ese mismo periodo fue detenida y vinculada a proceso por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por su probable participación en un doble homicidio en la zona metropolitana de Puebla. Actualmente permanece interna en el penal de Ciudad Serdán mientras enfrenta las acusaciones.
La solicitud de visita de Sánchez Soya se realizó inicialmente bajo el argumento de entregar medicamentos a las internas, trámite habitual para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante, el oficio presentado por la titular exigió una reunión privada no solo con Tania N., sino también con otras reclusas, entre ellas María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Guadalupe L., Lilia M. y Estefani L.
El encuentro contará con la presencia de visitadores adjuntos de la Comisión, quienes supuestamente llevarán a cabo entrevistas directas y la elaboración de expedientes sobre cada interna. El procedimiento, aunque encuadrado dentro de las atribuciones de la Comisión, ha generado interrogantes sobre la motivación personal de Sánchez Soya al reencontrarse con Tania N. y sobre el uso de las instituciones públicas para fines que rebasan lo estrictamente jurídico o humanitario.
En un contexto donde la seguridad y el orden institucional son prioritarios para la sociedad poblana, la actuación de los servidores públicos debe apegarse a la transparencia y al interés común. La atención sobre este caso seguirá vigente en tanto se esclarecen las razones y los resultados de la visita, así como el impacto que pueda tener en el seguimiento de los procesos legales y la garantía de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario estatal.
