Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, enfrenta cuestionamientos no solo por la investigación que la vincula con un presunto autosecuestro para encubrir un desfalco de 40 millones de pesos, sino también por una aparente irregularidad en la cronología de sus estudios profesionales.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por EMEEQUIS, la morenista habría terminado una maestría en administración pública el 13 de agosto de 2018 en el Instituto Universitario del Estado de México, antes de concluir formalmente su licenciatura en derecho, cuyo registro oficial indica fecha de terminación el 31 de agosto de 2018, es decir, 13 días después.
Esta secuencia genera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, pues el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública establece que para ingresar a una maestría es necesario contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto la totalidad de los créditos de ese nivel cuando el posgrado sea opción de titulación.
Hasta el momento, no existe una explicación pública que aclare si Nancy Nápoles había completado todos los créditos de la licenciatura antes de iniciar la maestría o si las fechas reflejan trámites administrativos distintos. EMEEQUIS intentó obtener respuesta del Instituto Universitario del Estado de México, pero no hubo respuesta antes del cierre de esta edición. Tampoco la alcaldesa ha aclarado esta discrepancia.
Además, la información curricular disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia es limitada: solo se encontró un formato que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este escrutinio ocurre en paralelo a la investigación penal que sostiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual acusa a Nápoles de simular un secuestro para justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. La alcaldesa ha negado estas acusaciones y asegura que fue víctima de un secuestro real. En un mensaje difundido en redes sociales, denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y pidió que el fiscal general conozca directamente su caso.
Este caso pone en el centro el debate sobre la transparencia y la responsabilidad pública, así como la importancia de que los servidores públicos cumplan con los estándares académicos y éticos que la sociedad espera.
