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Alcalde de San Rafael, Veracruz, señalado por ocultar a presunto feminicida buscado en Morelos

El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta acusaciones por supuestamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., quien es buscado por la Fiscalía de Morelos como presunto feminicida de Andrea Maylín Chino Ramos.

La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que señala al edil, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de haber protegido no solo a Ricardo, sino también a sus padres, Viola S. y Ricardo R. C., quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026. Viola fue aprehendida en San Rafael, Veracruz, mientras que Ricardo R. C. fue capturado en el Estado de México.

Este caso tiene su origen en la desaparición de Andrea Maylín, ocurrida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, Morelos. La joven de 22 años fue vista por última vez con Ricardo R. S., quien tardó tres días en informar a la familia sobre su ausencia. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia del presunto feminicida, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado de Morelos a abrir una investigación.

Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025, pero hasta ahora solo se ha logrado la detención de sus familiares.

La detención de Viola y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como feminicidio. Esta ley fue aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, con 39 votos a favor.

Según Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, el alcalde Méndez Grappin podría ser investigado por las autoridades por haber ocultado a sus familiares después de la aprobación de esta reforma.

Este caso pone en evidencia la importancia de la aplicación efectiva de leyes que buscan justicia para las víctimas y la responsabilidad de los servidores públicos en no proteger a quienes cometen delitos graves. En un contexto donde la seguridad y el orden son valores fundamentales, la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer para fortalecer la confianza ciudadana.

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