La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió recientemente un caso que pone sobre la mesa la competencia en la fiscalización de recursos federales entregados a municipios. Por unanimidad, los ministros invalidaron el informe de la Auditoría Superior de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable daño al erario público al no comprobar el destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales.
Este fallo se dio a partir del proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, quien sostuvo que la revisión de estos recursos es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no de instancias estatales.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Esta última había emitido un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones contra López Rodríguez, acusándola de opacidad en el manejo de recursos entregados en 2023.
En su defensa, la alcaldesa con licencia argumentó que la solicitud de información por parte de la auditoría estatal representaba un acto que vulneraba la autonomía hacendaria del municipio y la libre administración de sus recursos, pues los fondos federales sólo pueden ser auditados por la ASF. Por su parte, la Auditoría Superior de Guerrero insistió en que tiene facultades para revisar la hacienda municipal y el manejo de recursos.
El ministro ponente aclaró que las aportaciones federales “no pierden su naturaleza de recursos federales” al ser entregadas a través de fondos, por lo que una auditoría local no está facultada para revisar su uso.
Este fallo de la SCJN deja sin efectos los informes de la auditoría estatal sobre el gobierno de López Rodríguez, quien solicitó licencia para buscar la candidatura a gobernadora de Guerrero.
Más allá del caso particular, esta resolución reafirma la importancia de respetar los límites en la fiscalización de recursos públicos, garantizando que la supervisión de fondos federales se mantenga en manos de la autoridad competente. En un contexto donde la transparencia y el buen manejo del dinero público son temas prioritarios, esta decisión también invita a fortalecer los mecanismos de control sin invadir competencias, para evitar conflictos que puedan entorpecer la gestión municipal y estatal.
Para los ciudadanos, entender quién y cómo debe auditar los recursos es clave para exigir cuentas claras y promover un gobierno responsable, sin que la política interfiera en procesos técnicos y legales.
