La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
Con más de 30 años de trayectoria en la institución, el docente es investigado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.
Según la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, el profesor también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos y de convivencia. En su declaración ministerial, el alumno relató que el traslado se realizó en un vehículo particular y que, al llegar al inmueble, el docente le mostró distintas áreas antes de conducirlo a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras los hechos, el estudiante regresó al plantel acompañado por el profesor, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, según consta en la investigación. Además, el docente mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos, y otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia sostiene que este caso no habría sido un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el profesor. Estos testimonios forman parte del contexto que el Ministerio Público analiza para determinar el alcance de las acusaciones y si existen más personas afectadas.
También se señala que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque hasta ahora no se han activado medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales. Algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el docente, pero consideran que las acciones adoptadas fueron insuficientes.
La Fiscalía deberá esclarecer qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al profesor. Hasta el momento no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en las instituciones educativas para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes.
