El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secihti), otorgó un contrato por 5 millones de pesos a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, un proyecto que originalmente se había anunciado como desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla.
Sin embargo, la empresa beneficiada no se dedica a la fabricación de vehículos, sino a la telefonía celular, y tiene su sede en una casa habitación en Mérida, Yucatán, en la calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel. Este domicilio no parece contar con instalaciones industriales o laboratorios para pruebas automotrices.
Rocketel SAPI es mayoritariamente propiedad de Adrián Aguirre Palme, quien reside en Park City, Utah, donde también tiene una empresa dedicada a la fabricación de elevadores para esquí.
Al ser cuestionada sobre los detalles del contrato, la Secihti se negó a proporcionar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, argumentando que divulgar estos datos podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este caso abre un debate sobre la transparencia y el origen real del desarrollo del coche Olinia, un proyecto que podría representar un avance tecnológico importante para Puebla y su sistema de transporte, especialmente en un contexto donde la innovación local y la colaboración con instituciones educativas son clave para el progreso regional.
Mientras tanto, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla continúan avanzando, mostrando que la apuesta por sistemas de transporte modernos y eficientes sigue siendo una prioridad para mejorar la movilidad y calidad de vida en la ciudad.
