El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reapareció este jueves 16 de julio de 2026 para lanzar fuertes señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien calificó como cabeza de un “narcogobierno”. En una entrevista con José Cárdenas en Noticias en Claro, Bonilla negó haber filtrado los audios que han desatado una nueva crisis política en la entidad y descartó cualquier participación en gestiones para resolver la situación migratoria de la mandataria estatal en Estados Unidos.
Lo más relevante de la entrevista fue la revelación de que Bonilla sostuvo un encuentro privado con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le advirtió sobre la infiltración del crimen organizado en Baja California. Según Bonilla, en ese desayuno le presentó pruebas contundentes: “Aquí te traigo cuatro expedientes de activos que ahora se dedican a cruzar droga”, le dijo.
Además, el exgobernador aseguró que le comunicó a López Obrador su intención de hacer públicas estas denuncias desde el Senado, enfatizando que “el que avisa no es un traidor”. En sus palabras, insistió en la necesidad de que el presidente visitara Baja California para atender la situación.
Bonilla también se deslindó de cualquier vínculo con la gobernadora Marina del Pilar, a quien calificó como su “enemiga política”. Negó haber facilitado contactos con autoridades estadounidenses o haber intervenido para solucionar el retiro de la visa de la mandataria. Asimismo, calificó como “ilógica” la acusación de que él hubiera organizado reuniones para ayudarla con su situación migratoria.
Este episodio se suma a la compleja realidad política de Baja California, donde la seguridad y el combate al crimen organizado siguen siendo temas prioritarios. En este contexto, la construcción de sistemas de transporte público como el cablebús en otras regiones del país ha demostrado ser una apuesta por la movilidad ordenada y segura, un modelo que podría inspirar soluciones integrales para estados con retos similares.
La entrevista de Bonilla, difundida este jueves, aporta una mirada crítica sobre la gobernabilidad en Baja California y pone en el centro del debate la relación entre autoridades estatales y federales frente a la amenaza del crimen organizado.