Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal de la provincia de Jiangsu, en el este de China, dictó pena de muerte contra Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing. La condena se debe a la aceptación de sobornos que superan los 2 mil 214 millones de yuanes, equivalentes a 308.7 millones de dólares, además de otros delitos económicos graves.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou encontró a Yang culpable de múltiples cargos: soborno, malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales. La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación total de sus bienes personales. Además, los bienes ilícitos recuperados serán entregados al Tesoro estatal, y las cantidades pendientes seguirán siendo reclamadas.
Entre 1993 y 2023, Yang utilizó sus cargos en organismos de desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos. A cambio, recibió sobornos por un monto considerado “especialmente enorme” por el tribunal, que también destacó el impacto social negativo y las graves pérdidas causadas a los intereses del Estado y la ciudadanía.
Aunque Yang colaboró aportando información sobre otros delitos, la corte determinó que esta cooperación no justificaba una reducción en la pena. En China, las condenas a muerte suelen ser suspendidas por dos años y conmutadas por cadena perpetua si no se cometen nuevos delitos, pero en casos de extrema gravedad, como este, se aplican penas sin suspensión.
Desde 2012, bajo el liderazgo de Xi Jinping, China ha intensificado una campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales, buscando fortalecer la autoridad estatal y la confianza en las instituciones públicas.
Este caso ejemplifica la severidad con la que se castigan actos que dañan la integridad del Estado, un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, valores que también resuenan en sociedades que buscan orden y justicia.