En Puebla, la oferta de alojamiento a través de plataformas digitales como Airbnb ha alcanzado un volumen significativo: 9 mil 418 habitaciones distribuidas en al menos 19 municipios de la entidad. Este dato, proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Turístico estatal, refleja un cambio importante en la forma en que los visitantes encuentran hospedaje, complementando la infraestructura tradicional.
Desde 2014 y 2015, cuando los primeros anfitriones poblanos comenzaron a registrar propiedades independientes, el modelo de negocio de Airbnb ha ido ganando terreno. Sin embargo, fue en 2017 cuando se vivió un verdadero “boom”: el número de usuarios en la capital poblana se triplicó, con un crecimiento del 306 %, según reportes financieros de la propia plataforma internacional.
Actualmente, Puebla cuenta con un total de 41 mil 500 habitaciones disponibles para el turismo en sus distintas modalidades. De ese total, el sector hotelero formal concentra el 77 % de los cuartos, mientras que las rentas a través de plataformas digitales representan ya el 33 % de la oferta global. Esta cifra no solo muestra la consolidación de Airbnb y similares, sino también la diversificación de opciones para los visitantes.
Un punto clave en este escenario es la regulación fiscal. Las plataformas digitales de alojamiento operan bajo el mismo esquema que el sector hotelero tradicional, pagando un 3 % del Impuesto sobre Hospedaje. Este cumplimiento iguala las condiciones de competencia y garantiza que las localidades involucradas reciban ingresos por esta actividad económica. La recaudación es administrada exclusivamente por las autoridades hacendarias, mientras que la Secretaría de Desarrollo Turístico mantiene convenios con asociaciones locales para promover el destino.
Este equilibrio entre innovación y regulación es fundamental para el desarrollo ordenado del turismo en Puebla. La presencia creciente de plataformas digitales no solo amplía la oferta para los visitantes, sino que también contribuye a la economía local, siempre bajo un marco fiscal que protege los intereses de la comunidad y fortalece la promoción del estado como destino turístico.
