El Gobierno de Argentina presentará en el Senado un proyecto para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, con la intención de eliminar las restricciones que actualmente limitan la compra de campos por parte de extranjeros. Esta iniciativa forma parte de un paquete de normas que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y abrir el mercado rural a inversores internacionales.
Hoy, los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Sin embargo, el vocero presidencial Adrián Ravier ha señalado que esta regulación “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, lo que, según él, contradice el espíritu constitucional que reconoce derechos civiles tanto a nacionales como a extranjeros.
Ravier también destacó que estas restricciones han frenado inversiones importantes, especialmente en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”. El proyecto distinguirá entre inversores privados y Estados extranjeros, estableciendo que gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos deberán obtener autorizaciones específicas para comprar tierras, limitando su compra libre a 1,000 hectáreas.
Desde el sector inmobiliario rural, las opiniones apuntan a que el impacto económico real dependerá de medidas más amplias. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, considera que la eliminación de retenciones y reglas claras serán factores clave para elevar el valor de los campos. Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, señala que el temor a una compra masiva de tierras por extranjeros tiene raíces históricas y culturales, pero que la realidad del mercado es distinta.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 266,7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16,2 millones están en manos extranjeras, lo que representa apenas el 6% del total. Esta reforma podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial, temas que sin duda seguirán siendo objeto de debate en los próximos meses.