La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que, además de sus presuntos vínculos con la extorsión y el huachicol, había estado suministrando información estratégica a agencias estadounidenses durante al menos seis años. Así lo reveló este viernes 17 de julio Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.
Lara López, quien llegó en enero pasado a la FGR como encargado de despacho y fiscal especial para Asuntos Relevantes, anunció su renuncia el martes 14 de julio, argumentando “motivos personales”. Sin embargo, un operativo de contrainteligencia iniciado desde su llegada detectó un “oscuro pasado” que incluía extorsiones, nexos con huachicoleros y, lo más grave, su papel como informante extranjero.
El detonante para su salida fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicada al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las investigaciones, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presunto traficante de combustible y armas desde Guatemala.
Según reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.
Además, Lara habría utilizado su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. La detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, hace dos semanas por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, estaría relacionada con estas extorsiones.
Este caso expone una realidad incómoda: en la actual administración, la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero la confianza se paga con despidos inmediatos. La caída de Lara es un ejemplo claro de que, aunque la impunidad persista, la lealtad es un valor que el Ejecutivo no está dispuesto a tolerar cuando se ve comprometida.
En un contexto donde la seguridad y el orden son prioritarios, la transparencia y la autoridad estatal deben prevalecer para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.