La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha alzado la voz ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio gobernado por Nancy Nápoles Pacheco. El conflicto se intensificó luego de que cuatro comunicadores del espacio “La Madeja Política de Tenancingo” fueran citados por la policía municipal y señalados en una carpeta de investigación por presuntos actos de violencia digital, hostigamiento e intimidación.
Los periodistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez fueron notificados el pasado 2 de junio para comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec. En este proceso, se les advirtió sobre la posibilidad de una sanción económica, pues la alcaldesa habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno, argumentando un supuesto daño psicológico derivado de publicaciones que retoman un presunto secuestro que ella misma difundió en un video.
El colectivo periodístico sostiene que sus publicaciones, que incluyen análisis y críticas sobre temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y nepotismo, forman parte del derecho a la libertad de expresión y al escrutinio público. Además, denuncian que la presidenta municipal ha pedido a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración y no difundir contenidos de la prensa local, lo que consideran una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
Este caso abre un debate relevante sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones. La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y evitar la criminalización de quienes informan.
En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son pilares para fortalecer la confianza ciudadana, resulta fundamental que las autoridades respeten y protejan el trabajo de los comunicadores, quienes cumplen un rol esencial en la vigilancia del poder público.
