La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori salió al paso de las críticas recibidas tras pronunciarse sobre la detención de Ariana F., una mujer arrestada por policías municipales en San Andrés Cholula. Este martes 16 de junio de 2026, Salvatori aclaró que nunca defendió el consumo de alcohol al volante, sino que su intención fue señalar presuntas irregularidades en el procedimiento policial.
En medio de la polémica generada por la difusión de videos relacionados con la detención, la legisladora enfatizó: “No defendí a ninguna persona en estado de ebriedad; lo que expuse fueron las presuntas irregularidades en la detención de una mujer en San Andrés Cholula”. Su postura, dijo, se centró en analizar el actuar de los elementos de seguridad y no en justificar las acciones de la conductora.
Un punto que Salvatori destacó fue la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales durante la intervención policial. La diputada calificó como “grave” que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién difundió estas grabaciones en redes sociales y medios digitales.
Además, Salvatori reveló que la mujer involucrada ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá a las autoridades investigar si hubo irregularidades en la actuación policial. Esta información contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de ninguna denuncia.
El caso sigue bajo investigación por diversas instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales de San Andrés Cholula, mientras que el Gobierno estatal ha cuestionado el cumplimiento de los protocolos de detención por parte de la corporación.
Lo ocurrido en el Parque Intermunicipal de Cholula ha desatado un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible. En este contexto, es fundamental que se garantice el orden y la justicia, respetando tanto la seguridad pública como los derechos individuales.
