El Gobierno de México intensificó sus acciones legales en Estados Unidos tras la muerte de 17 migrantes mexicanos ocurridas desde mayo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios.
El pasado 13 de julio, el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, interpuso 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en ocho estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas. Ocho de estas denuncias fueron presentadas ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos.
Un día después, el 14 de julio, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR). En ella se solicita formalmente la apertura de investigaciones sobre estos casos y se exige información sobre el avance de las indagatorias.
Estas acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara públicamente las muertes de sus connacionales en centros de detención y operativos del ICE desde mayo.
En paralelo, el embajador Lazzeri sostuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, donde expresó la preocupación mexicana por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento puntual de cada caso.
Por su parte, el canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando que el organismo recabe información, evalúe la compatibilidad de los hechos con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para evitar tragedias similares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también informó que la red consular mantiene acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas, además de brindar apoyo para la repatriación de restos y otras gestiones solicitadas por los familiares.
Estas nuevas acciones diplomáticas y legales se producen después de que, el pasado viernes, Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que México expresaba su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE.
Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, argumentó que esas misivas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales.
La tensión bilateral se agravó tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que falleció el 7 de julio en Houston, Texas, luego de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio. Este hecho intensificó los reclamos del Gobierno mexicano sobre el trato a los migrantes bajo custodia estadounidense.
En un contexto donde la seguridad y el respeto a los derechos humanos deben ser prioridad, estas denuncias buscan no solo justicia para las víctimas, sino también un llamado a mejorar las condiciones en las que se encuentran los migrantes, un tema que sigue siendo urgente para ambas naciones.