Este miércoles 24 de junio de 2026, Vidal Llerenas, presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aclaró la disputa legal en torno a la marca del pato Merlín, símbolo espontáneo del Mundial 2026. A través de su cuenta en X, Llerenas afirmó que la marca pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez, quien ha sido reconocida como la legítima titular.
La controversia surgió tras la presentación de al menos cuatro solicitudes para registrar el nombre del pato, todas realizadas en la noche del 17 de junio, apenas cinco días antes de que Gómez acudiera personalmente al IMPI para reclamar sus derechos.
Entre las solicitudes, la primera fue presentada a las 21:23 horas por Rosa María Hernández Flores, de Zapopan, Jalisco, quien registró tres expedientes consecutivos en diferentes clases:
– Clase 41: servicios de entretenimiento, organización de espectáculos y producción de eventos.
– Clase 35: servicios de promoción, publicidad y marketing.
– Clase 25: ropa, incluyendo camisetas, gorras y chaquetas.
Los tres expedientes fueron gestionados por el apoderado Carlos Alfonso Alvarado Butanda, con domicilio en la Ciudad de México.
Poco después, a las 21:38 horas, David Sides Fuentes, de Mérida, Yucatán, presentó otra solicitud bajo la denominación “El Pato Merlín, El Pato de la Suerte”, que abarca desde publicidad y campañas políticas hasta gestión empresarial de artistas y deportistas, incubadoras de negocios y marketing de influenciadores.
El 22 de junio, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Carla Ivette Gómez acudió al IMPI para presentar su propia solicitud. La mandataria respaldó públicamente a Gómez, señalando que “no es justo que alguien más quiera registrar al pato como una marca”. Según Gómez, no tuvo contratiempos en ventanilla para realizar el trámite.
Este caso refleja la importancia de proteger la propiedad intelectual en eventos de gran impacto como el Mundial 2026, donde símbolos populares pueden convertirse en activos valiosos. La resolución del IMPI fortalece la certeza jurídica para quienes invierten en la creación y promoción de marcas, un aspecto clave para el desarrollo económico y cultural del país.
