El pasado 23 de junio, apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas contrajo matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, su exsecretario de Seguridad Pública municipal. La ceremonia se llevó a cabo en el municipio de Atlixco, donde quedó registrada el acta número 211 del libro dos de la Oficialía 3.
Este enlace formaliza un vínculo personal que ya existía mientras Domínguez López, marino de 28 años originario de La Antigua, Veracruz, estaba al frente de la corporación de seguridad. La alcaldesa, de 35 años, decidió casarse bajo el régimen de bienes separados, un detalle que refleja la formalidad de la unión en medio de un contexto político complicado.
Durante semanas, la presidenta municipal enfrentó un bloqueo por parte de ocho regidores que incluso tomaron las instalaciones del Ayuntamiento para exigir cambios en el gobierno local. Entre sus demandas principales estaba la salida de Domínguez López de la Secretaría de Seguridad Pública, petición que fue aceptada en una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal.
En esa negociación, además de la remoción del secretario de Seguridad, se acordó la destitución del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los regidores y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó públicamente la destitución del mando policiaco como parte de estos acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones por presuntos delitos relacionados con el conflicto político, que incluyen posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de la política local y la importancia de mantener la estabilidad institucional para garantizar el orden y la seguridad en los municipios. En este sentido, la profesionalización y transparencia en los cuerpos de seguridad, así como la claridad en las relaciones personales dentro del gobierno, son elementos clave para evitar crisis que afecten a la comunidad.
