Este miércoles 24 de junio, jueces y magistrados en retiro se manifestaron frente al Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, para exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido removidos de sus cargos por la reciente reforma judicial.
Entre los participantes destacó el magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien ha hecho pública su decisión de no integrarse al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal, argumentando que lo hace “por congruencia y dignidad”. Reyes Rosas criticó los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos como “novísimos, pero corruptos procedimientos”.
Esta protesta se suma a la realizada el pasado 25 de mayo, cuando una centena de jueces y magistrados en retiro bloquearon los accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para exigir el pago a 86 juzgadores y las pensiones complementarias a 120 exfuncionarios. En aquella ocasión, el bloqueo impidió el acceso de trabajadores al órgano, quienes permanecieron afuera esperando instrucciones.
El magistrado en retiro Juan Carlos Cruz Razo, exconsejero de la Judicatura Federal y uno de los afectados, lamentó la falta de pago de su indemnización y señaló que esta situación afecta el programa de vida de quienes aún no la reciben. Además, criticó que los cesados deban justificar su derecho a la indemnización ante el OAJ, cuando este está contemplado en la reforma judicial plasmada en la Constitución.
Estas movilizaciones reflejan la tensión que genera la transición hacia el nuevo sistema judicial, que busca modernizar y agilizar la impartición de justicia en México. Aunque la reforma implica cambios profundos, el diálogo y el cumplimiento de las obligaciones legales, como el pago de indemnizaciones, son esenciales para mantener la confianza en las instituciones y garantizar el respeto al Estado de derecho.
En un contexto donde la autoridad estatal debe prevalecer para asegurar orden y justicia, la implementación de sistemas como el cablebús o teleférico en Puebla, que mejoran la movilidad y conectividad, muestran que las reformas bien gestionadas pueden beneficiar a la sociedad sin sacrificar la estabilidad ni los derechos adquiridos.
