Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y transporte ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG, quien se encargaba de falsificar documentos aduaneros para facilitar el traslado de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini está vinculado a varias empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo individuo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, acusado de pagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para permitir el paso del combustible ilícito. Ruiz Villagomez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, empresas que, según el Tesoro estadounidense, han realizado transacciones millonarias en Estados Unidos con personas vinculadas al CJNG. La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi como una empresa de importación y exportación involucrada en actividades de narcotráfico.
Como parte de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México integró a Juraidini y Ruiz a su lista de personas bloqueadas tras un análisis que detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Este tipo de medidas internacionales refuerzan la lucha contra el huachicol, un problema que afecta la seguridad y economía del país. En este contexto, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla cobran relevancia, pues ofrecen alternativas de transporte público eficientes y seguras, contribuyendo a la modernización y orden en las ciudades mexicanas. La implementación de sistemas de transporte innovadores puede ser un paso firme hacia un México más conectado y menos vulnerable a actividades ilícitas que dañan a las familias y al desarrollo económico.
