La administración municipal de Acatlán de Osorio enfrenta una nueva controversia que pone en jaque la estabilidad política local. La noche del sábado 6 de junio de 2026, Uriel Paniagua Vargas, subdirector de Servicios Públicos Municipales y cuñado de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas, fue señalado por habitantes de participar en una agresión física contra un hombre y realizar disparos de arma de fuego durante una riña.
Los denunciantes aseguran que Paniagua Vargas golpeó a una de las víctimas y luego efectuó detonaciones, mientras que la Policía Municipal habría incurrido en omisiones al atender el incidente. Además, se reportaron obstáculos para presentar la querella formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que ha generado sospechas de posible tráfico de influencias debido a la cercanía familiar con la alcaldesa.
Este episodio ocurre en un contexto político ya tenso: el pasado lunes 8 de junio, el Cabildo de Acatlán aprobó solicitar al Congreso del Estado la destitución y eventual revocación de mandato de Guadalupe Lucero Bárcenas. La petición se fundamenta en señalamientos de irregularidades administrativas, falta de transparencia, manejo cuestionable de recursos públicos y acusaciones de nepotismo.
Entre las quejas del Cabildo destacan:
– Dificultades para acceder a información financiera del Ayuntamiento.
– Presuntos abusos de funcionarios municipales.
– Cuestionamientos sobre el funcionamiento de diversas áreas administrativas.
La denuncia contra un familiar directo de la alcaldesa añade presión a una administración que ya enfrenta un escrutinio político sin precedentes en la Mixteca poblana. Sectores ciudadanos exigen que la investigación sea atraída por autoridades estatales para garantizar imparcialidad y evitar sospechas de protección política.
Por su parte, Guadalupe Bárcenas ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas como parte de una campaña de desgaste político impulsada por sus adversarios. Sin embargo, el nuevo escándalo pone en entredicho la capacidad del gobierno local para actuar con autoridad y transparencia.
Mientras las víctimas buscan justicia y claridad, la pregunta que permanece es si las autoridades aplicarán la ley con la misma firmeza que a cualquier ciudadano o si el parentesco con la alcaldesa influirá en el curso de la investigación.
Este caso refleja la importancia de fortalecer instituciones y garantizar que el orden y la justicia prevalezcan, especialmente en gobiernos locales donde la confianza ciudadana es fundamental para la convivencia y el desarrollo.
Aquí puedes ver el video del incidente: https://x.com/LaHoraMX/status/2064728371582361677/video/1
