Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que sanciona con hasta 22 años y medio de cárcel la cohabitación forzada, una práctica que afecta principalmente a menores de 18 años y personas vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre este tema, marcando un precedente en la protección de la infancia y los grupos vulnerables.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores o personas vulnerables a vivir en unión informal, en condiciones similares al matrimonio. La condena puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si existe una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia entre agresor y víctima.
El dictamen fue impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM). Entre los argumentos presentados, se destacó que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de los 18 años. Además, en 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país, lo que refleja la urgencia de atender este problema.
La medida busca frenar la deserción escolar y el embarazo adolescente, fenómenos asociados a las uniones forzadas. Como se señaló en la sesión, “esta propuesta pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo. Con la finalidad de atender las situaciones de violencia en contra de ellas, incidiendo en la reducción de los índices de deserción escolar y el embarazo adolescente”.
Puebla enfrenta una realidad preocupante: en 2025, la entidad registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Aunque la cifra es menor que la de 2018 (3.68 nacimientos por cada mil niñas), Puebla sigue entre los 10 estados con mayor incidencia.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Detrás de estos números persisten factores como discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, y uniones arregladas entre familias, que continúan normalizando matrimonios y convivencias tempranas.
Con esta reforma, Puebla da un paso importante en la defensa de la niñez y la familia, apostando por la autoridad del Estado para proteger a los más vulnerables y fortalecer el tejido social.
