La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) oficializó el pasado 28 de mayo la prohibición del uso del colorante rojo 3, también conocido como eritrosina, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México. Esta medida responde a la detección de riesgos para la salud pública, entre ellos la posible relación con el cáncer.
La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se basa en una evaluación que reveló que la exposición promedio de la población mexicana a este aditivo supera el límite seguro establecido internacionalmente, la Ingesta Diaria Admisible (IDA). Según Cofepris, la cantidad consumida duplica este parámetro, lo que impide garantizar la inocuidad del colorante bajo las condiciones actuales.
Aunque no existen estudios concluyentes que confirmen que el rojo 3 cause cáncer en humanos, investigaciones como la realizada por Borzelleca en 1987, que detectó tumores en ratas expuestas a la sustancia, han sido consideradas para fundamentar la prohibición. La autoridad sanitaria aplicó el principio precautorio, que permite tomar medidas preventivas ante posibles riesgos para la salud, incluso cuando persisten incertidumbres científicas.
Entre los productos afectados por esta regulación se encuentran:
– Helados y sorbetes
– Leches saborizadas y productos lácteos combinados
– Bebidas alcohólicas y no alcohólicas saborizadas
– Jarabes, concentrados y polvos para preparar bebidas
– Alimentos a base de cereales, harinas y productos de panificación
– Goma de mascar, caramelos y gomitas cubiertas de caramelo
– Preparaciones para decoración de alimentos y frutas en almíbar
La Secretaría de Salud otorgó un plazo de 24 meses para que las empresas realicen los ajustes necesarios en sus procesos productivos, lo que permitirá una transición ordenada y sin afectar la oferta comercial.
Esta medida representa un avance en la protección de la salud pública en México, alineándose con estándares internacionales y promoviendo un consumo más seguro. Para los consumidores, es una señal clara de que las autoridades están atentas a los riesgos potenciales y dispuestas a actuar con responsabilidad para preservar el bienestar colectivo.
