La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras la solicitud presentada por la bancada de Morena el 8 de junio. La medida responde a acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
Aunque no todos los diputados morenistas asistieron a la sesión, la Comisión continuó con la discusión y votación, que resultó en una mayoría a favor de dar trámite al procedimiento. Ahora, Samuel García será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder, pudiendo hacerlo por escrito o de manera presencial ante el Poder Legislativo local.
El caso se relaciona con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que se dio a conocer en abril, donde se señala que el gobernador habría orquestado un esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, los recursos públicos habrían sido canalizados a través de empresas y proyectos de infraestructura hacia el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares directos de García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
De acuerdo con la investigación, el dinero pasaba por este despacho familiar para luego ser transferido a la empresa “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido más de mil millones de pesos. Posteriormente, los fondos se enviaban a cuentas en el extranjero, incluso en Estados Unidos, con el supuesto fin de dificultar el rastreo y ocultar el origen público de los recursos.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó y resolvió no ejercer acción penal. En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la fiscalía estatal determinó que no existe irregularidad tras analizar las pruebas.
Este proceso político se suma a un contexto de exigencia de transparencia y rendición de cuentas en Nuevo León, donde la autoridad estatal busca mantener el orden y la legalidad en la administración pública. Para los ciudadanos, el desarrollo de este juicio político será clave para evaluar la gestión y la integridad de sus gobernantes.
