El 5 de marzo de 2026, una explosión en el pozo de gas Krem-1, operado por Pemex en Las Choapas, Veracruz, desató un incendio que hasta hoy, viernes 17 de julio, sigue sin control real, acumulando más de 130 días de emergencia. Esta situación ha generado un impacto profundo en la salud, la economía y el medio ambiente de las comunidades cercanas.
Habitantes de la zona denuncian que el ruido constante del pozo provoca dificultades para dormir, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y problemas respiratorios. Además, reportan pérdidas significativas en cultivos, árboles frutales, pastizales, así como la muerte de animales de traspatio y ganado, afectando directamente sus medios de vida.
Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking han señalado que la fuga de gas permanece activa y que las afectaciones a la biodiversidad y a las comunidades se agravan con el paso de los meses. Este caso ha reavivado el debate sobre la fracturación hidráulica, técnica utilizada para extraer hidrocarburos mediante la inyección de agua, arena y aditivos químicos a alta presión. Diversos estudios advierten que esta práctica puede aumentar el consumo de agua, generar residuos contaminantes y elevar el riesgo de fugas o emisiones de metano cuando no se aplican controles adecuados.
Por su parte, Pemex asegura que mantiene labores permanentes para controlar la contingencia y que el monitoreo indica que las concentraciones de contaminantes están dentro de los límites permitidos por la normatividad vigente. La empresa también informó que continúa con trabajos de infraestructura para lograr el taponamiento definitivo del pozo.
Mientras la emergencia persiste, los pobladores de Las Choapas esperan una solución definitiva que ponga fin a esta crisis ambiental y social, que ya supera los cuatro meses. Este caso subraya la importancia de contar con sistemas de extracción responsables y con supervisión estricta, para proteger tanto a las comunidades como al entorno natural.