Este miércoles 8 de julio de 2026, padres de familia y docentes de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestin Freinet en Ixtapaluca retomaron la protesta en la caseta de peaje de San Marcos Huixtoco, sobre la autopista México-Puebla. La movilización busca presionar por la liberación de dos profesores detenidos durante un operativo policial en el plantel educativo.
La acción comenzó cerca del mediodía, cuando los manifestantes levantaron las plumas de la caseta para permitir el paso libre de vehículos en ambos sentidos, aunque la circulación se mantiene con precaución debido a la presencia de personas sobre la autopista. Esta medida se suma al bloqueo que realizaron ayer en la autopista a la altura de Ixtapaluca.
Los padres y docentes denuncian un presunto abuso de autoridad durante el operativo policial, en el que policías municipales ingresaron al campus con uso excesivo de la fuerza para detener a un profesor investigado por un presunto abuso sexual. Durante la intervención también fue arrestado el subdirector de la institución.
En el lugar, elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) mantienen vigilancia para garantizar la seguridad y el orden mientras la protesta continúa. Los inconformes advirtieron que mantendrán la movilización hasta obtener una respuesta clara de las autoridades estatales y municipales.
Esta protesta pone en evidencia la tensión entre la exigencia de justicia y el respeto a la autoridad, en un contexto donde la seguridad y el orden público son prioritarios para la convivencia social. Además, la liberación del peaje en San Marcos, aunque temporal, refleja la capacidad de la comunidad para organizarse y buscar soluciones a través de la movilización pacífica.
Para quienes transitan por la autopista México-Puebla, es importante considerar que, aunque no hay cierre total, la velocidad debe reducirse por la presencia de manifestantes, y el paso es sin cobro debido a la suspensión temporal del peaje.
En resumen, la protesta de este miércoles 8 de julio es una muestra más de cómo la sociedad civil busca equilibrar la defensa de sus derechos con el respeto a las normas, en un escenario donde la autoridad estatal debe responder con claridad y firmeza.