La polémica en Puebla por el contrato de 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari no cesa. La directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, reconoció que Lazzari fue su novio, pero negó que esto haya generado un conflicto de interés en la adjudicación del contrato.
Talavera explicó que la relación sentimental había terminado antes de firmar el acuerdo, por lo que descartó que su vínculo personal influyera en la decisión administrativa. Sin embargo, evitó revelar la identidad de los demás influencers que, según la versión oficial, participaron en la estrategia de difusión, argumentando que se trata de datos personales.
Este silencio ha generado nuevas críticas. Diversos sectores insisten en que, para disipar dudas sobre el uso de recursos públicos, se debe transparentar quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y cuánto recibió cada participante.
La controversia comenzó cuando se dio a conocer que Convenciones y Parques firmó el contrato CP-PS-26-ENE-03 con Lazzari para promover espacios administrados por el organismo. Una investigación periodística documentó que el influencer publicó seis videos que cumplían con el contrato, pero señaló que el costo representaría un sobreprecio respecto a las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto Lazzari como Convenciones y Parques aclararon que el contrato no era solo para la producción de videos, sino para coordinar una estrategia digital con varios creadores de contenido. Según el organismo, esta estrategia incrementó el alcance de sus redes sociales y la afluencia a los parques, un objetivo clave para mejorar la movilidad y el acceso a espacios públicos en Puebla.
No obstante, la negativa de la directora a transparentar la red de influencers ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes sostienen que, tratándose de recursos públicos, debe privilegiarse la máxima transparencia y rendición de cuentas.
Hasta ahora, ninguna autoridad fiscalizadora ha determinado la existencia de un conflicto de interés o irregularidad en la contratación. Sin embargo, el caso sigue alimentando el debate sobre los estándares de transparencia que deben observar los servidores públicos, especialmente cuando adjudican contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.
En un contexto donde Puebla impulsa sistemas de transporte como el cablebús para mejorar la calidad de vida y la movilidad urbana, la claridad en el manejo de recursos públicos es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que las inversiones beneficien a toda la comunidad.
