El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su administración (2018-2024).
En la conferencia matutina de este mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como una muestra de hipocresía y cuestionó la credibilidad del PAN para hacer tales acusaciones. “No se puede ser más hipócrita. ¿Quién les cree? Nadie”, afirmó, recordando el historial del PAN en materia de seguridad durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sheinbaum sugirió que la denuncia podría ser un intento del PAN por “expiar sus culpas” y aseguró que esta acción “no cala” en la opinión pública.
El PAN, encabezado por Jorge Romero Herrera, argumenta que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, ya que estas pertenecen al partido fundado por López Obrador, a quien consideran líder moral. En un comunicado difundido el domingo 7 de junio, el partido señaló que la violencia en México no puede explicarse solo por el actuar de las organizaciones criminales, sino que es resultado de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”.
Entre los puntos clave de la denuncia destacan:
– La presunta permisividad del Estado permitió la expansión territorial, económica y política de grupos criminales en diversas regiones.
– Más de 200 mil víctimas de homicidio y más de 150 mil personas desaparecidas durante el sexenio anterior.
– La política de “abrazos, no balazos”, a la que el PAN llama “narcopacto”, habría favorecido el crecimiento de los grupos criminales y debilitado la capacidad estatal para enfrentar la violencia.
Esta denuncia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la estrategia de seguridad en México, un tema que sigue siendo central para la estabilidad y el orden social. Mientras tanto, la respuesta de Sheinbaum refleja la polarización política que persiste en el país, donde la credibilidad y la autoridad estatal son elementos clave para enfrentar los retos de seguridad.
En un contexto donde la autoridad y el orden son valores fundamentales para la sociedad, la discusión sobre la eficacia de las políticas públicas en seguridad debe considerar no solo las críticas, sino también las propuestas que fortalezcan el Estado y protejan a las familias mexicanas.
