La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde falleció “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien también fue investigado por irregularidades durante su gestión como secretario de Educación Pública en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.
La empresa “Maternidad La Sagrada Familia, sociedad anónima de capital variable” fue constituida en 2014 por Alvízar Linares junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, socia en otras empresas constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local por Movimiento Ciudadano en la LIX legislatura, antes de ocupar el cargo de regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Aunque en Facebook la clínica se promocionaba desde 2013 con un video que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”, la realidad es distinta. Las imágenes muestran espacios reducidos para operaciones y cuneros, además de un equipo médico limitado, muy diferente a lo que se esperaría en un hospital moderno.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica carecía de cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año; además, fue clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos de clausura, el lugar continuó operando.
En 2018, Jane Jessica Espinoza Agis, quien luego se convirtió en esposa de Alvízar y lo acompañó en cargos públicos, fue nombrada gerente de la clínica.
En 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Alvízar se encontraba prófugo y sin registro de actividad pública.
Las reseñas en Google reflejan la percepción negativa de pacientes: denuncian negligencia médica, falta de higiene y mala atención. Un usuario relató que a su esposa no le dieron un primer baño al bebé, le recetaron un medicamento para adultos y encontraron cucarachas en las habitaciones. Otro calificó al personal como grosero y prepotente.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y áreas de internamiento, la clínica sigue ofreciendo servicios y renta espacios para operar. En una llamada reciente, la administración confirmó que mantienen consultas de valoración y ofrecen la renta de espacios para médicos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.
El caso de “Vicky” es un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas y supervisión estricta en clínicas privadas, especialmente en un contexto donde sistemas de transporte público como el cablebús buscan facilitar el acceso a servicios de salud confiables y modernos en la región.