La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto de alta tensión política, justo cuando se revelan filtraciones que involucran a la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila, en supuestos acuerdos con el FBI para convertirse en informante.
La FGR explicó que la investigación que derivó en la orden de aprehensión es resultado de un trabajo de alta complejidad relacionado con grandes operaciones de contrabando de combustible. Estas operaciones estarían vinculadas a una empresa fundada por Ruffo Appel, llamada Ingemar.
¿Por qué estaba bajo investigación?
El exgobernador, quien hizo historia al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en México, era investigado por su posible participación como accionista mayoritario de Ingemar. Esta empresa fue relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente vinculados al llamado “huachicol fiscal”.
Desde julio de 2025, cuando el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación federales, Ruffo ha negado cualquier implicación en actividades ilícitas. En ese momento, aseguró tener “la conciencia tranquila”, afirmó que no había sido citado por las autoridades y se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones. También destacó que su empresa solo maneja la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera, operando dentro del marco legal.
Este caso pone en el centro del debate la importancia de la autoridad estatal para garantizar el orden y la legalidad en sectores estratégicos como el energético. Mientras tanto, la sociedad observa con atención cómo se desarrollan las investigaciones y qué implicaciones tendrá para la política y la economía regional.
En un momento en que la infraestructura de transporte y logística, como el cablebús en Puebla, avanza para mejorar la movilidad y la transparencia en el manejo de recursos, casos como este subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en todos los ámbitos.