El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, acusado como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. La decisión se tomó tras desechar los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que la acción penal contra Sánchez Ortega quedó extinguida desde 2015.
En la resolución, firmada por los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez, se declara prescrita la acción penal por homicidio simple intencional. Además, se revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025 por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ordenando la “inmediata libertad” del acusado.
El tribunal estableció que la posibilidad de continuar con el proceso penal prescribió a más tardar el 23 de marzo de 2015, fecha anterior a la reapertura de las investigaciones en 2021 y a las consignaciones realizadas en 2023 y 2025. La FGR no logró acreditar que Sánchez Ortega tuviera conocimiento del plan ni que existiera un acuerdo previo con Mario Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato del entonces candidato presidencial.
Entre los puntos clave de la sentencia, que consta de 44 páginas, se señala que no hay pruebas suficientes para atribuir a Sánchez Ortega premeditación o alevosía, aunque no se descarta su probable intervención conjunta en el homicidio. También se destaca que la agresión ocurrió en un evento multitudinario con dos disparos desde distintos flancos, pero no se pudo demostrar que los tiradores actuaran coordinadamente.
El tribunal concluyó que Sánchez Ortega, quien en 1994 era agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no conocía la ubicación del otro probable tirador ni el momento exacto de los disparos, ni participó en la selección del lugar o tiempo del ataque. Tampoco se acreditó que supiera sobre los desplazamientos o el dispositivo de seguridad de Colosio para aprovechar esas condiciones.
Este fallo pone en evidencia la complejidad y los vacíos en la investigación de uno de los casos más emblemáticos de la historia política reciente de México, mientras que la justicia sigue buscando esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
