El pasado viernes, un juez federal vinculó a proceso a Marilyn Cote por el delito de suministro de narcóticos y le impuso prisión preventiva por dos meses. Con esta resolución, la mujer que se hacía pasar por psiquiatra acumula ya diez procesos penales en su contra.
La Fiscalía General de la República la acusa de prescribir medicamentos controlados sin contar con título ni cédula profesional, una conducta que el Código Penal Federal sanciona con hasta 10 años de prisión.
Desde su detención el 21 de noviembre de 2024 en Tlaxcala, cuando intentaba evadir a la justicia, Cote permanece recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán. Durante años, operó su clínica “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, clausurada por Cofepris el 7 de noviembre de 2024 por “irregularidades graves”.
Su modus operandi incluía cobrar hasta 1,400 pesos por consulta y prometer curar la depresión en ocho días, sin contar con formación médica: la SEP confirmó que su preparación es en derecho y criminología, no en salud.
Representantes legales de las víctimas han señalado que, con esta nueva vinculación, la defensa de Cote ya no podrá buscar acuerdos económicos para reparar el daño. En audiencias anteriores, la acusada intentó aplazar los cargos mientras sus abogados negociaban con las víctimas, pero la falta de recursos económicos canceló esas opciones.
Además del nuevo proceso por suministro de narcóticos, enfrenta otras nueve causas penales por usurpación de profesión y amenazas. Algunos pacientes incluso empeoraron tras seguir sus tratamientos con fármacos controlados, con casos judicializados en 2019 en la colonia Azcárate y en agosto de 2024 en Torres Médicas II, San Andrés Cholula.
El caso cobró relevancia nacional tras ser expuesto por la cuenta “Charlatanes Médicos” en X y por denuncias de poblanas que acudieron a su consultorio por problemas de salud mental.
Curiosamente, en prisión Cote había comenzado a ser vista como una mujer de paz, ofreciendo consejos a otras internas, pero con este nuevo proceso podría enfrentar hasta una década en prisión.
Este caso subraya la importancia de contar con sistemas de salud confiables y regulados, donde la autoridad actúe con firmeza para proteger a las familias y garantizar el orden social.
