Un reportaje conjunto de The New York Times y Puente News reveló que varios funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Según el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, han buscado comunicarse con las autoridades estadounidenses, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. Estas acciones, que comenzaron después de que a finales de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya— de colaborar presuntamente con el Cártel de Sinaloa, parecen responder a un intento de anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El reporte detalla que la DEA ha impulsado una iniciativa para contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el fin de persuadirlos a colaborar en las pesquisas. Además, las investigaciones se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense en los últimos 18 meses, varios de los cuales han comenzado a colaborar con fiscales federales.
Este contexto ha generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos, especialmente tras las acusaciones públicas del gobierno estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente estos señalamientos y ha insistido en que cualquier investigación debe realizarse respetando los mecanismos de cooperación bilateral y la soberanía nacional, postura que ha mantenido en sus conferencias mañaneras.
En medio de este escenario, la relación entre ambos países se encuentra en un punto delicado, donde la búsqueda de justicia y el respeto a la autonomía nacional deben equilibrarse con la necesidad de combatir eficazmente al crimen organizado. Para los ciudadanos, entender estos movimientos es clave para valorar cómo se manejan los temas de seguridad y gobernabilidad en México.
