Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció en una audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde la Fiscalía solicitó que el jurado de su juicio sea anónimo y parcialmente aislado.
Durante la vista, las partes discutieron sobre documentos y pruebas clasificadas que se presentarán en el proceso judicial. La Fiscalía pidió al juez Frederic Block que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los candidatos a jurado y del panel definitivo no se revelen ni a las partes ni a sus abogados. Además, propuso que los miembros del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y que permanezcan aislados del público mientras estén en el tribunal.
Estas medidas, según la Fiscalía, buscan proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, evitando acoso, intimidación o interferencias. Argumentan que el caso implica cargos de “una gravedad excepcional” y que Caro Quintero tiene antecedentes de interferir en procesos judiciales, incluyendo el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas desde prisión.
El juicio contra Caro Quintero, conocido como el ‘Narco de Narcos’, incluye cargos por dirigir una empresa criminal, asesinato —entre ellos el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.
Cabe destacar que, aunque Caro Quintero se ha declarado no culpable, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad. El acusado fue trasladado desde México a Estados Unidos junto a otros 28 cabecillas de distintos cárteles, como Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, cofundadores del Cártel de los Zetas.
Este caso, que se desarrolla en un contexto de firmeza judicial y combate al crimen organizado, refleja la importancia de mantener un sistema de justicia sólido y protegido frente a amenazas externas, un principio que también se extiende a otros ámbitos donde la autoridad y el orden son fundamentales para la convivencia social.
