Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que señala que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena empleó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país. Esta operación se llevó a cabo sin ser reportada a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado de dinero.
Según documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien se firmó originalmente el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue modificado para extender su vigencia hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia. El acuerdo estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
Morena pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones para dispersar 252 mil 901 apoyos a través de giros nacionales, con una comisión de 12 pesos más IVA por cada pago. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones pagadas de más.
La investigación destaca tres posibles irregularidades:
– **Ocultamiento al INE:** Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Mientras Morena y su coalición reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
– **Uso indebido de recursos:** Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan la entrega de “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el caso Monex de 2012, sugiriendo que podría usarse para pagar a representantes de casilla sin que el gasto se registre en los topes de campaña.
– **Violación a la ley antilavado:** La auditoría interna de Finabien, con resultados de diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de una alerta desde enero de 2023 para aplicar controles antilavado, las autoridades no actuaron.
Al cierre de la investigación, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no obtuvo respuesta.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el cumplimiento legal en el manejo de recursos públicos y partidistas, especialmente cuando se trata de apoyos sociales que impactan a miles de mexicanos. En un contexto donde la autoridad estatal debe garantizar orden y legalidad, estas irregularidades llaman a reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas.
