El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla reveló que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin la acreditación requerida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta situación fue confirmada por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien instó al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar a la brevedad a estos elementos.
Aguilar Pala destacó que la certificación, evaluación y acreditación son procesos indispensables para garantizar que los policías cuenten con la capacitación y controles de confianza necesarios para desempeñar sus funciones con profesionalismo y respeto a la ley. “Es un tema que debe solventarse”, afirmó durante la conferencia de prensa.
Este llamado cobra mayor relevancia tras la polémica generada por la detención de Ariana N, una madre de familia sometida por policías municipales el pasado 11 de junio en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del procedimiento, que se viralizaron en redes sociales, muestran a la mujer siendo contenida mientras sus dos hijos menores lloran y tratan de acercarse a ella, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana.
El secretario de Gobernación estatal hizo un llamado enérgico para que el gobierno municipal respete los protocolos de actuación policial, especialmente en casos donde hay menores involucrados. Además, advirtió que durante la detención se vulneró la integridad de la mujer y sus hijos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante este contexto, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza.
La revisión a la corporación policial y las investigaciones en curso colocan a la administración municipal bajo presión para corregir estas irregularidades y recuperar la confianza ciudadana. Hasta el momento, el gobierno local no ha emitido una postura detallada sobre los señalamientos.
Este caso subraya la importancia de contar con cuerpos policiales debidamente acreditados y capacitados, un paso fundamental para fortalecer la seguridad y el orden en las comunidades, así como para proteger a las familias que confían en las autoridades.
