La “colaboración estrella” de Adidas para el jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana, presentada como un proyecto de comercio justo, está envuelta en un escándalo por explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla.
El caso salió a la luz gracias a la promotora cultural Luz Valdez, quien denunció que las bordadoras nahuas trabajaron bajo condiciones de maquila coercitiva a través de la empresa intermediaria Someone Somewhere, una startup mexicana fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey. Adidas, según Valdez, aceptó la producción para evitar sanciones en redes sociales tras polémicas previas por apropiación cultural.
Entre las irregularidades destaca la apropiación ilegal de la Casa de la Cultura de Naupan, inmueble público que fue convertido en planta de producción para cumplir con las auditorías de Adidas. El espacio fue acondicionado con mobiliario, internet y un reloj checador para controlar a más de 150 artesanas, quienes enfrentaron jornadas intensas con solo una hora de comida y sin prestaciones legales.
Las condiciones laborales incluyeron:
– Pagos raquíticos de entre 25 y 36 pesos por hora, muy por debajo del precio comercial de las prendas, que alcanzan hasta 5 mil pesos en tiendas.
– Obligación de entregar al menos dos jerseys terminados cada cinco horas.
– Desabasto de insumos básicos en sanitarios y falta de seguro médico efectivo, pese a que la empresa presumía cobertura privada.
– Penalizaciones económicas por cualquier defecto en las piezas, obligando a rehacerlas sin pago adicional y descontando materiales de sus salarios.
Además, el proyecto implicó un atropello cultural. La técnica ancestral del “pepenado de hilván” fue sustituida por puntos ajenos a la tradición nahua, como el punto francés y punto de arroz, para acelerar la producción. Esto provocó que muchas bordadoras abandonaran el taller y buscaran trabajo externo con mejores pagos, lo que derivó en despidos y contratos de exclusividad con amenazas legales por cinco años.
Luz Valdez también denunció que Someone Somewhere no paga a los artesanos que aparecen en su publicidad, y que los contratos obligan a ceder derechos de imagen, convirtiendo el trabajo artesanal en un producto de marketing para las marcas.
Ante estas denuncias, el secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció que las empresas transnacionales explotan abusivamente los saberes de los pueblos originarios para convertir el valor cultural en valor económico, pero admitió que la dependencia estatal carece de facultades para sancionar a particulares. La Secretaría de Cultura federal se deslindó del conflicto, calificándolo como un “trato comercial entre particulares”.
Este miércoles 27 de mayo de 2026, el caso pone en evidencia la necesidad de proteger a las comunidades indígenas y garantizar condiciones laborales dignas, especialmente cuando se trata de proyectos que involucran símbolos nacionales y marcas globales.
